Reivindican la modernización del puerto, un nuevo modelo de gobernanza y unas inversiones públicas que pongan en el centro la calidad de vida de la ciudadanía.
El alcalde de Lezo, Mikel Arruti, el alcalde de Pasaia, Teo Alberro, y la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, se han reunido esta mañana con la prensa en Pasai Donibane para ratificar la vigencia del documento La Bahía del Futuro presentado en 2023 y reivindicar el traspaso de competencias de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP). Los tres representantes subrayan que las propuestas presentadas hace tres años son de plena actualidad y, además, necesarias para garantizar el futuro social, económico y medioambiental de la bahía.
En su comparecencia han defendido que la bahía de Pasaia no puede seguir funcionando con las lógicas del siglo XIX y que es urgente adaptar el modelo de puerto-ciudad a los retos del siglo XXI. En este sentido, los alcaldes y la alcaldesa destacan la necesidad de combinar la modernización del puerto con la calidad de vida de la ciudadanía, la descarbonización y la competitividad económica.
Arruti ha puesto sobre la mesa el problema del tráfico de camiones y ha recordado que aquel documento de 2023 ya planteaba la necesidad de separar el tráfico pesado de los núcleos urbanos. En este sentido, los alcaldes de la comarca han presentado recientemente una propuesta integral para conectar directamente los polígonos industriales de Lezo y Oiartzun con las carreteras de alta capacidad. Asimismo, ante la previsión de que el 90% de las mercancías portuarias se sigan moviendo mediante camiones, los alcaldes consideran imprescindible desarrollar un nuevo acceso al puerto.
El alcalde de Lezo ha denunciado también la "inadecuación" del proyecto de Planta Logística y ha recordado que los cuatro municipios de la comarca y varias formaciones políticas ya acordaron una posición compartida en contra de este proyecto. En palabras del alcalde, "no es lícito hacer política con el miedo. El tráfico portuario no se puede seguir organizando a espaldas de la ciudadanía; las soluciones que necesita la bahía requieren de una visión de futuro, no de recetas del pasado".
Por otro lado, el alcalde de Pasaia ha recordado que las peticiones realizadas durante años, la presión ciudadana y las obligaciones legales han llevado al puerto pasaitarra a iniciar la puesta en marcha de una serie de medidas, como la electrificación de los muelles. En palabras de Alberro, "esta medida no solo afecta directamente a la descarbonización, sino también a la reducción del ruido y a la calidad de vida de la ciudadanía, pero llega con una década de retraso". En la misma línea, ha señalado que la integración de los sistemas sostenibles de medición de la calidad del aire, del ruido y del agua en el plan estratégico del puerto, tal y como reclamaban los alcaldes de la bahía, es "un paso", pero ha planteado que hasta ahora el control de la contaminación ha estado sometido a las quejas de la ciudadanía: "La modernización no puede ser mera propaganda, debe tener un impacto real en la calidad de vida de las vecinas y vecinos".
La alcaldesa de Errenteria, por su parte, ha considerado imprescindible un cambio en el modelo de gobernanza entre el puerto y los pueblos contiguos. Según Otaegi, los intereses del puerto y de la ciudadanía no son contrapuestos: "hemos estado con trabajadores y operadores portuarios, y muchas de las medidas que ellas/os plantean coinciden con las que la ciudadanía demanda, y van en contra de lo planteado por el puerto en su plan estratégico".
Los alcaldes y la alcaldesa defienden que la transferencia de competencias del puerto es clave para poder acelerar las inversiones públicas necesarias. Asimismo, piden al Gobierno que reactive el fondo Berpiztu, al considerar que la bahía aún necesita grandes transformaciones.
Por último, los alcaldes y la alcaldesa destacan que el Puerto de Pasaia tiene un papel estratégico en la economía vasca y que con la economía azul, la descarbonización y abrir nuevas oportunidades relacionadas con las actividades innovadoras. Para ello, piden que los espacios portuarios estén a disposición de empresas que promuevan actividades innovadoras y nuevos empleos.